Cuando la protección se convierte en un arma: la manipulación de la Ley 54 y la voz de los menores.

En Puerto Rico, la Ley 54 de Violencia Doméstica y la Ley 57-2023 fueron creadas con un propósito noble: proteger a quienes enfrentan violencia y dar voz a los menores en procesos que afectan su vida. Sin embargo, en la práctica, estas leyes a veces se utilizan de manera distorsionada, no para proteger, sino como un arma en disputas de custodia y divorcio.

Muchos abogados de familia han observado de primera mano cómo estos mecanismos legales pueden ser torcidos para dividir familias y silenciar a los hijos. A través de mociones y oposiciones en los tribunales, se ha defendido un principio claro: la ley no puede servir de excusa para callar la voz de un menor o para privar a un padre de su rol sin fundamento legítimo.

El derecho del menor a expresarse

En uno de los casos revisados, un menor expresó directamente su deseo de que su voz fuera escuchada en un proceso legal relacionado con su custodia. Según se expuso en la moción:

“El menor ha manifestado de manera clara su deseo de expresar públicamente lo que ha vivido, amparándose en la Ley 57-2023 que reconoce el derecho de los menores a ser escuchados en los procesos que les afectan directamente.”

Pese a este reclamo legítimo, la parte contraria solicitó un cese y desista, buscando silenciar tanto al padre como al hijo, alegando que las expresiones públicas eran indebidas. Los abogados argumentaron que prohibirle al menor expresarse sería un acto de censura contrario al espíritu de la ley y al derecho constitucional de libertad de expresión.

La doble cara de las órdenes de protección

Otro de los temas recurrentes en estos procesos es el uso de órdenes de protección. Nadie cuestiona que estas medidas son vitales cuando existe un riesgo real, pero el problema surge cuando se solicitan sin fundamento, como táctica para limitar la relación de los hijos con un progenitor.

En una de las oposiciones presentadas, se planteó con firmeza:

“Resulta preocupante que se utilicen mecanismos de protección para fines distintos a los que la ley persigue, generando una separación innecesaria entre el menor y su padre.”

En lugar de proteger, estas acciones pueden convertirse en un instrumento de poder que coloca al menor en medio de un conflicto que no eligió.

Traslados y custodias: conveniencia vs. bienestar del menor

Otro ejemplo se observó en una moción de traslado. La parte solicitante pedía mover el proceso de un tribunal a otro, alegando conveniencia. Sin embargo, como se argumentó en la oposición:

“El traslado propuesto no responde a los intereses del menor, sino a la conveniencia procesal de una de las partes. El bienestar del menor debe ser el eje rector de cualquier determinación en este tribunal.”

Este caso refleja un patrón: muchas veces las decisiones solicitadas no están centradas en el bienestar del niño, sino en la estrategia de los adultos que litigan.

Los niños no son piezas de ajedrez

Uno de los mayores peligros de estas prácticas es que los menores terminan siendo tratados como piezas en un tablero de ajedrez legal. Los abogados de familia insisten en que el sistema de justicia tiene la obligación de protegerlos de ser instrumentalizados.

Como se señaló en uno de los escritos presentados:

“El interés óptimo del menor se ve amenazado cuando la ley se convierte en un arma de poder entre los adultos, en lugar de un escudo de protección para quienes más lo necesitan.”

La instrumentalización de los hijos deja heridas profundas, tanto en su estabilidad emocional como en su confianza en el sistema de justicia.

¿Qué podemos aprender de estos casos?

Estos ejemplos muestran la importancia de utilizar la ley con responsabilidad. No basta con tener legislación bien redactada; es necesario que jueces, abogados y padres actúen con ética y con el interés superior del menor como prioridad.

Algunas lecciones clave:

•    Escuchar la voz del menor: los tribunales deben garantizar espacios seguros donde los niños puedan expresarse sin miedo.

•   Evitar denuncias sin fundamento: cada orden de protección o moción infundada no solo daña al acusado, también debilita la confianza en quienes realmente necesitan protección.

•   Responsabilidad parental: los hijos no deben ser usados como fichas para obtener ventajas en litigios.

•   Supervisión judicial más estricta: es vital que los jueces puedan identificar cuándo se pretende manipular la ley y sancionar estas prácticas.

Conclusión: el verdadero espíritu de la protección

La crítica no es hacia la existencia de la Ley 54 o de la Ley 57, sino hacia su uso indebido. Estas leyes deben ser escudos para proteger, no espadas para dividir.

Los abogados comprometidos con el derecho de familia coinciden en que la justicia no puede convertirse en un campo de batalla donde los niños son armas. La verdadera justicia se mide en qué tan bien protegemos a los más vulnerables, y eso solo se logra cuando se actúa con responsabilidad, ética y empatía.

La protección nunca debe ser sinónimo de silencio.